Cobertura de asistencia jurídica

La cobertura de asistencia jurídica proporciona asesoramiento y orientación legal preventiva, con abogados colegiados, para ayudarte a tomar decisiones informadas y defender tus derechos en situaciones derivadas de la circulación o del vehículo asegurado.

Está pensada para proteger al tomador del seguro (propietario y conductor del vehículo asegurado), siempre que sea mayor de 18 años, dentro del territorio español y conforme a la legislación vigente en España.

Podrás realizar consultas jurídicas desde el momento de la contratación y durante toda la vigencia de tu póliza, contando con apoyo profesional cuando más lo necesites.

¿Qué incluye esta cobertura?

La cobertura de asistencia jurídica cubre:

• Asesoramiento telefónico y telemático
  Acceso a un servicio de orientación legal para resolver cualquier duda relacionada con el uso de tu patinete o bicicleta.
• Servicio de urgencias legales 24 horas
  Asistencia inmediata en situaciones urgentes en las que una actuación rápida puede evitar consecuencias legales desfavorables.
• Asistencia letrada en comisaría
  Acompañamiento presencial de un abogado en la primera declaración judicial o policial por hechos vinculados al vehículo asegurado.
  • Abogado de la compañía: hasta 500 €.
  • Abogado de libre elección: hasta 200 €.
• Revisión y redacción de documentos y escritos extrajudiciales
  Elaboración de contratos, escritos o recursos necesarios para la correcta gestión de la situación legal planteada.
   

¿Qué requisitos se han de cumplir para beneficiarse de esta cobertura?

• El vehículo debe estar asegurado en Línea Directa y la póliza en vigor.

• Los hechos deben estar relacionados con el uso del vehículo asegurado.

• Las consultas deben referirse a la legislación española y producirse dentro del territorio español.

¿Cuáles son las principales exclusiones?

• Consultas sobre hechos ocurridos fuera de España o legislación extranjera.

• Consultas o gestiones relacionadas con productos o servicios de Línea Directa cuando exista conflicto de intereses.

• Acciones dirigidas contra la propia aseguradora.

• Pago de indemnizaciones, multas, sanciones, impuestos u otros gastos de carácter fiscal.