Cobertura por gestión de desalojo

El proceso de desalojo puede ser complicado, por eso, queremos ofrecerte todas las facilidades posibles. Con tu Seguro de Protección por Ocupación ilegal nos encargamos de todo el proceso de desalojo y de los gastos ocasionados.

¿Qué gastos cubre esta cobertura?

Desde Línea Directa te garantizamos la reclamación de tus derechos como asegurado para recuperar la vivienda okupada de forma ilegal, con un límite de 10.000 € por los gastos cubiertos. Se llevarán a cabo tres intentos de desalojo por la vía extrajudicial de forma presencial o telemática, antes de requerir iniciar un proceso judicial.

A continuación, te contamos cuáles son los gastos cubiertos dentro de los límites establecidos por la Ley de los que se hace cargo la Aseguradora:

1. Los gastos derivados de los pleitos, las actas, los requerimientos y otros necesarios para defender tus intereses.
2. Los honorarios de abogado para cualquier procedimiento incluido en tu garantía.
3. Los derechos y gastos arancelarios de procurador en los procedimientos en que su intervención sea legalmente preceptiva.
4. Los honorarios y gastos de peritos designados o autorizados por Línea Directa.
5. Las costas judiciales que derivan de los trámites de los procedimientos garantizados.
6. Los gastos de adoptar medidas cautelares en los procedimientos garantizados.
7. Las tasas judiciales que derivan de tramitar los procedimientos garantizados.
8. Todos los gastos que Línea Directa te autorice y estime convenientes para acreditar tus derechos y garantizarte la viabilidad de acciones, como el coste de los atestados policiales o las notas de Registro de la Propiedad.
9. Los honorarios notariales que corresponden a la elevación a Escritura Pública de los acuerdos alcanzados entre las partes mediante una Mediación.
10. Los gastos de cerrajero necesarios para abrir la vivienda asegurada en el momento de desalojar a los ocupantes ilegales (incluye la sustitución de la cerradora por una similar).
11. Los gastos de las sentencias judiciales forzosas o títulos ejecutivos que reconozcan tus derechos como cliente, para proceder la investigación judicial del patrimonio en un periodo máximo de cinco años desde su firmeza.